Puigdemont quiere avances en la amnistía antes de la Diada para disimular su rendición a Sánchez

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Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Carles Puigdemont quiere acelerar la tramitación de la ley de amnistía para justificar ante sus bases las cesiones al PSOE. La solución para el ex presidente catalán prófugo sería que la Mesa del Congreso -donde PSOE y Sumar tienen mayoría, con cinco de los nueve puestos- admita a trámite la proposición de ley de amnistía sin dilaciones. Idealmente, antes de la celebración de la Diada, la tradicional manifestación independentista del 11 de septiembre, que los sectores separatistas más radicales quieren utilizar para presionar contra el acuerdo.

La admisión a trámite es un requisito esencial para que la iniciativa pueda arrancar su tramitación parlamentaria. En 2021, la Mesa del Congreso -también con mayoría «progresista»- tumbó la propuesta de amnistía de las formaciones independentistas, impidiendo así el debate en el Pleno. El máximo órgano de la Cámara Baja rechazó la proposición con los votos en contra del PSOE, PP y Vox tras recibir un informe de los letrados del Congreso en el que se advertía que la iniciativa -que pretendía amnistiar a todos los presos y sancionados por «actos de intencionalidad política» desde enero de 2013- chocaba con el artículo 62 de la Constitución, que impide la autorización de los indultos generales.

El acuerdo entre el PSOE y Junts para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso y enfilar la investidura de Pedro Sánchez sitúa al partido de Carles Puigdemont en una situación endiablada, especialmente de cara al sector más crítico con las «cesiones a España».

Junts es un partido dividido en dos alas en choque -la posibilista y partidaria del pacto y la proclive a no facilitar la gobernabilidad. En los últimos días, ésta última era la posición mayoritaria. Pero el acuerdo final con el PSOE, firmado in extremis unas horas antes de que en el Congreso se diese por inaugurada la legislatura, acabó decantando el voto hacia Armengol y, con ello, perfilando la investidura de Sánchez. A cambio, Puigdemont reclama que se le permita vender el triunfo ante sus bases, tradicionalmente más reacias al acuerdo con una formación que, como el PP, vinculan a la «represión» del Estado.

Diada

La Diada lleva años en declive, pero en esta ocasión tiene un especial significado. En los últimos días, el independentismo más radical ha lanzado la presión sobre ERC y Junts para «bloquear» la investidura si no se acuerda un «camino hacia la independencia». Desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -una de las principales organizaciones impulsoras- se advierte que cualquier pacto debe exigir a cambio un referéndum de «autodeterminación», forzando incluso una repetición electoral si no se consigue. Desde la ANC quieren utilizar la movilización de la Diada para presionar a las dos formaciones que, hoy por hoy, ya han pactado con el PSOE a cambio de una amnistía.

Se sabe que el perdón generalizado para los «represaliados» del procés forma parte del pacto porque lo reveló «por error» ERC en un primer comunicado difundido a los medios. La formación de Oriol Junqueras rectificó después, aunque ya demasiado tarde, remitiendo una versión corregida. El primer documento recogía, textualmente: «El Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las vías legales necesarias, entre ellas una ley de amnistía».

Puigdemont necesita ahora hechos para presentarlos ante las bases independentistas más radicales. El propio ex president advirtió el pasado miércoles, un día antes de firmar el acuerdo con el PSOE: «Hacen falta hechos comprobables antes de comprometer ningún voto». Y aseguró: «No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas ni nos calientan ni nos enfrían».

Ahora, con el pacto ya firmado, la petición es que  Sánchez agilice la propuesta de amnistía. Y todo, en unas semanas claves para la investidura. La intención de Moncloa es que el socialista sea investido en la tercera semana de septiembre (19 y 20), de forma que, en el caso de producirse un improbable fracaso, la repetición electoral tendría lugar después de las fechas navideñas.

En cualquier caso, el calendario es muy ajustado, pues Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones, ya ha manifestado su intención de presentarse a la investidura. El Rey comenzará el próximo lunes su ronda de consultas con las formaciones políticas, que finalizará el martes. Será entonces cuando se conocerá su propuesta. A día de hoy, Feijóo es el candidato que puede ofrecer más apoyos, pues acudirá a Zarzuela con los votos del PP y de Vox. Sánchez, en cambio, pese a disponer del acuerdo con los separatistas, no puede demostrar su voto ante Felipe VI, pues tanto Junts como ERC, además de Bildu y el BNG no acudirán a la cita con el monarca.

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